Las sustracciones de ‘smartphones’ se convierten en un problema social en EE UU, con un coste de 30.000 millones de dólares al año para los consumidores. Las autoridades han llegado a insinuar que las propias compañías fabricantes se benefician de los robos “reemplazando móviles o vendiendo seguros”.
Varios senadores han puesto en marcha una norma que permita al dueño de un móvil robado activar una función remota que acaba con la vida útil del dispositivo. El precio de un móvil robado puede duplicar al importe original.
Perder el teléfono móvil es, generalmente, un drama personal y económico, y cuando se trata de un robo, puede suponer además un riesgo físico para su propietario, al que los políticos de EE UU quieren proteger con polémicas leyes que conviertan los dispositivos sustraídos en cacharros inservibles.
Los hurtos de telefonía han adquirido la dimensión de problema social en EE UU donde estas actividades ilícitas cuestan al consumidor 30.000 millones de dólares al año (más de 21.000 millones euros), según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y suponen un lucrativo negocio para las mafias.
Las autoridades, tanto a nivel local como nacional, exigen medidas contundentes a fabricantes y empresas de telecomunicaciones que se resisten a dejar que los legisladores dicten las especificaciones técnicas de sus productos.
En febrero, varios senadores presentaron en Washington un anteproyecto de ley llamado ‘Smartphone Theft Prevention Act’ para obligar a que todos los teléfonos inteligentes que se vendan en EE UU estén equipados por defecto con una función que solo el dueño pueda activar para terminar con la vida útil de su dispositivo y que funcione de forma remota en todo el mundo.
Ese mecanismo, bautizado como ‘Kill Switch’, se planteó también a nivel estatal en Minnesota y en California, donde la iniciativa apoyada por Beck y Gascón fue rechazada esta semana en una votación muy ajustada en Sacramento, muy cerca de Silicon Valley.
Fuente: 20minutos
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